Enseñanza pública. Revindicando el principio de igualdad.

La desigualdad que a grandes pasos se va forjando en nuestra sociedad entre la enseñanza privada y concertada respecto a la educación pública, se va construyendo con la utilización, parcial y subjetiva, entre otros, de los resultados de las pruebas CDI como argumento, sino el único, para justificar y acusar a la enseñanza pública de un gasto innecesario a tenor de unos resultados que desde luego no reflejan la realidad. Una realidad que viene muy condicionada por el tipo de alumnado. Mientras en la escuela pública predomina la diversidad, en la escuela privada – concertada se aspira a la homogeneidad, y para conseguir este propósito, concretamente la enseñanza concertada no escatima estratagemas.

Los mismos medios y las mismas voces, siempre tan vivas en discusiones y comentarios sobre educación, que una y otra vez arremeten contra la enseñanza pública, deberían, por la propia honorabilidad del o los que hablan y/o escriben, explicar de qué maneras los colegios concertados, no todos, eligen y seleccionan a sus alumnos. Práctica efectiva que es sin duda una causa inequívoca de la desigualdad que viene reflejada en esos resultados que con malignidad interpretan. Tienen y deben de explicar cómo desde los despachos de muchos colegios concertados, al futuro alumno se le aconseja matricularse en un colegio público por su causalidad, es decir, por motivos relacionados con su rendimiento, con su historial, con su procedencia, con sus problemas: familiares, genéticos u otros. En definitiva, no puede matricularse porque no cumple con el perfil que gusta a la dirección de esos colegios que en su mayor parte, curiosamente, se financian con dinero público, con dinero de los mismas familias cuyos hijos son rechazados, de ahí que se llamen concertados.

Tendrían que explicar que la cuota, tasa, bonificación, donativo... que estos colegios imponen y cuya legalidad es más que discutible, es un precio extra de matriculación, y al mismo tiempo, otra manera “legal” de impedir o dificultar el paso a alumnos con economías maltrechas, o por decirlo más llanamente, no deseados.

Si queremos comparar unos resultados que reflejen más la realidad de los centros, permítase que cada centro, sea público, privado o concertado elija por aula a los diez o quince mejores alumnos (en cuanto a resultados académicos me refiero) . Sería entonces cuando podríamos estudiar los resultados con una mayor objetividad porque se han obtenido en condiciones de igualdad. La escuela pública no puede competir en igualdad de condiciones respecto a centros privados y concertados cuando alumnos con un deficiente castellano o con una tardía escolarización se ven obligados a realizar esas mismas pruebas, y aún así hay colegios públicos e institutos entre los diez primeros e incluso los primeros.

Esta desigualdad, aprovechada para hacer más rápido y efectivo el estrangulamiento de la educación pública y con ella, aniquilar una futura sociedad que pueda regirse por un principio de igualdad, nada tiene que ver con los profesionales que en ella trabajan, a los que injustamente se les cargan con acusaciones que salen a la luz pública generando dudas respecto de su profesionalidad y su entrega – véase todo lo dicho y escrito y lo que no se ha dicho centrando la problemática en esas dos horas más de trabajo para los docentes que nada tenían que ver con el origen de las protestas – .

Al contrario de como se viene sugiriendo desde medios de comunicación y profetas tertulianos que toman la paralela para no tropezar en la misma porquería que vierten, si la experiencia es un grado, algo que nadie puede discutir excepto ignorantes e interesados, son los profesionales de la enseñanza pública los más curtidos por estar más acostumbrados a bregar cada día con una diversidad a la que tienen que sacar adelante. Y no quiero desmerecer a ningún profesional de la enseñanza. Revindico el principio de igualdad que intenta hacerse un hueco entre tanta apología de la discriminación y desigualdad existente en este reino que llaman de España.

Si la finalidad, sin tener en cuenta las formas, es ahorrar, y para ello se prescinde de toda discusión o debate racional, insisto en lo de racional, la conclusión a la que se llega es que la educación pública debe ser suprimida. Pero si a la necesidad de ahorrar le añadimos una pizca de reflexión y un leve toque de racionabilidad e inteligencia, sin excederse, que en tiempos de crisis no es bueno malgastar ¿no sería más sencillo ahorrarse el dinero de estos conciertos innecesarios?